Un Juzgado de Motril ha condenado a un año de prisión por un delito de lesiones por imprudencia a un hombre que causó un accidente de tráfico contra una moto al saltarse un semáforo en rojo, en pleno centro de la ciudad, cuando conducía un coche sin tener el carné de conducir.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, impone igualmente al acusado una multa de 360 euros por un delito de denuncia falsa, al denunciar al día siguiente que le habían robado el vehículo, y le priva del derecho a conducir vehículos a motor durante tres años.
Los hechos ocurrieron la madrugada del 18 de junio de 2003, cuando el acusado, S.J.L. conducía un coche de alta gama por una céntrica calle de Motril pese a carecer de permiso de circulación.
En ese momento se saltó un semáforo en rojo, provocando una colisión con un ciclomotor que tenía preferencia de circulación.
Como consecuencia del accidente, el conductor de la moto sufrió varias lesiones que precisaron tratamiento médico y quirúrgico.
Tras provocar el accidente, el acusado se dio a la fuga y al día siguiente denunció en comisaría la sustracción del vehículo por personas desconocidas, a sabiendas que los hechos eran inciertos.
Granadadigital
lunes, 29 de noviembre de 2010
Plan Estratégico para la Seguridad Vial de Motocicletas y Ciclomotores
Una lectura interesante, Plan Estratégico para la Seguridad Vial de Motocicletas y Ciclomotores, Situación del Plan al cierre de 2009 y conclusiones de la reunión del GT 52 del 14 de Enero de 2010:
Plan Estratégico para la Seguridad Vial de Motocicletas y Ciclomotores
Plan Estratégico para la Seguridad Vial de Motocicletas y Ciclomotores
viernes, 12 de noviembre de 2010
Los conductores podrán reclamar indemnización por los daños que provoquen los resaltes
La moda de los resaltes o 'guardias tumbados', tan temidos por los conductores, tiene fecha de caducidad. En concreto, el 30 de octubre de 2010, que es el plazo límite para retirar de las carreteras estos reductores de velocidad, según la normativa que el ministerio de Fomento publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 29 de octubre de 2008.
Los ayuntamientos de la Región han tenido dos años de plazo para retirar aquellos que no cumplen con la legalidad y adaptar el resto a la normativa, inexistente hasta 2008. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, ahora pueden llegar las prisas, pues a partir de noviembre todo resalte que supere los diez centímetros de altura y los cuatro metros de largo, o que cuente con rampas de subida de menos de un metro, será considerado ilegal.
Actualmente son muchos los badenes que pueblan nuestras vías y que no se ajustan a la legalidad vigente, y, por lo tanto, si un conductor sufre un percance (ya sea en su vehículo o en su propia persona en forma de lesiones) puede reclamar al ayuntamiento, comunidad o administración competente que sea titular de la vía para exigir una indemnización y restablecer los daños causados por el resalte. Hasta ahora, las administraciones se cubrían las espaldas ante posibles denuncias con la colocación de señales avisando de la existencia de un badén próximo. A partir del 30 de octubre, estarán obligados a pagar a todo aquel conductor que sufra cualquier tipo de daño a causa de un resalte que no haya sido adaptado o retirado.
Según el criminólogo y policía local de Molina de Segura Juan Antonio Carreras, «la nueva normativa limita el arte creativo del que hasta el año 2008 gozaban los ayuntamientos a la hora de instalar los badenes. Ahora tienen que ajustarse a las directrices que establece la normativa del ministerio de Fomento».
Entre los ayuntamientos que ya se han puesto las pilas destaca San Javier, donde ya se han retirado los 117 resaltes que no se ajustaban a la nueva ley. El concejal Manuel Leal aseguró que se han quitado la mayoría de badenes, «excepto los pocos que sí cumplían con la normativa». Para evitar que el conductor se aproveche de esta nueva situación, el jefe de la Policía Local del municipio, Matías Romero, explicó que se han intensificado los controles de seguridad «sobre todo en las vías donde se han retirado los ´guardias tumbados´».
Otro de los ayuntamientos que tiene bastante avanzada la labor de adaptar los reductores de velocidad en vías urbanas es el de Cartagena. La Policía Local explicó a este periódico que se llevó a cabo una primera batida para la retirada de badenes ilegales a principios de este año, y una segunda antes del verano. En total, se han invertido casi 20.000 euros en desmontar los resaltes prefabricados. El coste de retirar cada módulo es de ocho euros, ya que al ser de caucho necesitan un tratamiento especial y su traslado a un gestor autorizado para minimizar todo lo posible su impacto medioambiental.
De los resaltes fijos, los de hormigón, tendrá que encargarse próximamente el propio ayuntamiento de Cartagena, que tiene previsto solicitar un estudio para después proceder a su retirada.
Mientras, en el municipio de Murcia, casi todos los resaltes cumplen con la normativa de Fomento, según indicaron fuentes del Consistorio de la capital y, aunque muchos de ellos están situados en carreteras que son de titularidad del Estado o de la Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento los revisa y vela por la seguridad de los conductores y hace extensiva la norma también a las vías de titularidad municipal.
Por su parte, el ayuntamiento de Molina de Segura, a través de su concejal de Obras Públicas, Vicente Fernández Oliva, aseguró que sólo se han retirado dos badenes en la avenida Menéndez Pidal, mientras que el resto han sido todos adaptados a la normativa. Sin embargo, aún se pueden apreciar resaltes con más altura de la permitida en el cuarto municipio más poblado de la Región, como por ejemplo el situado en la calle Mayor, a unos cien metros del colegio Cervantes.
Aunque la orden ministerial se refiere a las carreteras de la red estatal, deja una vía abierta en cuanto a posibles reclamaciones en el resto de carreteras. Cualquier ayuntamiento o titular de una vía puede ser sancionado si no se adapta a la norma antes del 30 de octubre.
laopinion demurcia
Los ayuntamientos de la Región han tenido dos años de plazo para retirar aquellos que no cumplen con la legalidad y adaptar el resto a la normativa, inexistente hasta 2008. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, ahora pueden llegar las prisas, pues a partir de noviembre todo resalte que supere los diez centímetros de altura y los cuatro metros de largo, o que cuente con rampas de subida de menos de un metro, será considerado ilegal.
Actualmente son muchos los badenes que pueblan nuestras vías y que no se ajustan a la legalidad vigente, y, por lo tanto, si un conductor sufre un percance (ya sea en su vehículo o en su propia persona en forma de lesiones) puede reclamar al ayuntamiento, comunidad o administración competente que sea titular de la vía para exigir una indemnización y restablecer los daños causados por el resalte. Hasta ahora, las administraciones se cubrían las espaldas ante posibles denuncias con la colocación de señales avisando de la existencia de un badén próximo. A partir del 30 de octubre, estarán obligados a pagar a todo aquel conductor que sufra cualquier tipo de daño a causa de un resalte que no haya sido adaptado o retirado.
Según el criminólogo y policía local de Molina de Segura Juan Antonio Carreras, «la nueva normativa limita el arte creativo del que hasta el año 2008 gozaban los ayuntamientos a la hora de instalar los badenes. Ahora tienen que ajustarse a las directrices que establece la normativa del ministerio de Fomento».
Entre los ayuntamientos que ya se han puesto las pilas destaca San Javier, donde ya se han retirado los 117 resaltes que no se ajustaban a la nueva ley. El concejal Manuel Leal aseguró que se han quitado la mayoría de badenes, «excepto los pocos que sí cumplían con la normativa». Para evitar que el conductor se aproveche de esta nueva situación, el jefe de la Policía Local del municipio, Matías Romero, explicó que se han intensificado los controles de seguridad «sobre todo en las vías donde se han retirado los ´guardias tumbados´».
Otro de los ayuntamientos que tiene bastante avanzada la labor de adaptar los reductores de velocidad en vías urbanas es el de Cartagena. La Policía Local explicó a este periódico que se llevó a cabo una primera batida para la retirada de badenes ilegales a principios de este año, y una segunda antes del verano. En total, se han invertido casi 20.000 euros en desmontar los resaltes prefabricados. El coste de retirar cada módulo es de ocho euros, ya que al ser de caucho necesitan un tratamiento especial y su traslado a un gestor autorizado para minimizar todo lo posible su impacto medioambiental.
De los resaltes fijos, los de hormigón, tendrá que encargarse próximamente el propio ayuntamiento de Cartagena, que tiene previsto solicitar un estudio para después proceder a su retirada.
Mientras, en el municipio de Murcia, casi todos los resaltes cumplen con la normativa de Fomento, según indicaron fuentes del Consistorio de la capital y, aunque muchos de ellos están situados en carreteras que son de titularidad del Estado o de la Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento los revisa y vela por la seguridad de los conductores y hace extensiva la norma también a las vías de titularidad municipal.
Por su parte, el ayuntamiento de Molina de Segura, a través de su concejal de Obras Públicas, Vicente Fernández Oliva, aseguró que sólo se han retirado dos badenes en la avenida Menéndez Pidal, mientras que el resto han sido todos adaptados a la normativa. Sin embargo, aún se pueden apreciar resaltes con más altura de la permitida en el cuarto municipio más poblado de la Región, como por ejemplo el situado en la calle Mayor, a unos cien metros del colegio Cervantes.
Aunque la orden ministerial se refiere a las carreteras de la red estatal, deja una vía abierta en cuanto a posibles reclamaciones en el resto de carreteras. Cualquier ayuntamiento o titular de una vía puede ser sancionado si no se adapta a la norma antes del 30 de octubre.
laopinion demurcia
Dos años de cárcel para un conductor por la muerte de una joven motorista
Dos años de cárcel para un conductor por la muerte de una joven motorista
El condenado se saltó un ´stop´ y su coche chocó con la moto en que la chica iba de acompañante
El accidente ocurrió en el punto kilométrico 20,9 de la carretera de Sant Joan.
La titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Ibiza, Clara Ramírez, ha condenado a dos años de cárcel a un conductor por la muerte de una joven motorista contra la que chocó en la carretera de Sant Joan a Portinatx tras saltarse un stop. Asimismo, el acusado, R. P. R., tendrá que pagar 59.585 euros a los padres de la chica en concepto de indemnización.
En la sentencia, la magistrada subraya que el procesado cometió una imprudencia «grave» ya que no respetó la señal de detención obligatoria y ocasionó así una colisión que tuvo «fatales consecuencias». Pese a que R. P. R. aseguró en el juicio que sí se detuvo a mirar, la juez no da credibilidad a su testimonio en base a la declaración de dos testigos y de un agente de la Guardia Civil.
El accidente ocurrió poco después de la medianoche del 1 de agosto de 2005 en el kilómetro 20,9 de la carretera de Ibiza a Portinatx, a la altura del cruce con el desvío que va desde Sant Joan hasta la Cala de Sant Vicent.
La juez considera probado que el acusado, que viajaba junto a su esposa en un turismo Mercedes Benz, no prestó «el cuidado necesario exigible a cualquier conductor», se saltó un stop y se incorporó a una vía con preferencia por la que en ese momento circulaba una motocicleta, que tenía prioridad y llevaba la luz corta conectada.
Entonces, R. P. R. chocó contra el vehículo de dos ruedas, pese a que el conductor de este último trató de realizar una maniobra evasiva. Debido al impacto, el conductor de la motocicleta y su novia, que iba en la parte trasera, salieron despedidos. El joven sufrió varios traumatismos, fracturas, heridas y contusiones, mientras que la chica, Beatriz Yuste, de 22 años, falleció tras el golpe.
En el juicio, R. P. R., que dio negativo en la prueba de detección alcohólica, explicó que al llegar al citado punto kilométrico redujo la velocidad para rodear la isleta que regula el cruce, se paró en el stop, miró y al ver que ningún vehículo pasaba por la vía preferente, inició la marcha. «Y de repente vio un haz de luz y sintió un golpe» y se detuvo, recoge la sentencia, que añade que su mujer corroboró su versión y afirmó que ambos miraron al detenerse.
Pero la hermana y el cuñado de la fallecida, que viajaban detrás en otra motocicleta, aseguraron durante la vista oral, celebrada el pasado 23 de junio, que el acusado redujo la marcha para rodear la isleta, por lo que no viajaba a gran velocidad, pero que no se detuvo en el stop, sino que directamente se incorporó a la vía.
Ante esta disparidad de testimonios, la juez subraya que si el acusado «se hubiera detenido totalmente, como era su obligación» se habría dado cuenta de que por la vía preferente circulaba una moto, pues «era de noche, el vehículo llevaba las luces puestas y es un tramo recto, con visibilidad», indica, y cree que es «difícil comprender» que si pararon, no vieran la moto.
Aunque las acusaciones pública y popular pedían cuatro años de cárcel para el acusado, la juez valora el hecho de que se trata de «un delincuente primario», que está «sumamente arrepentido». Con esto, unido a la «finalidad rehabilitadora y de reinserción de las penas», opta por una condena no tan elevada.
Por contra, acuerda que se le retire el permiso de conducir por cuatro años, pues en este caso «ha de prevalecer más la finalidad preventiva de la pena que la rehabilitadora».
La juez considera al acusado autor de un delito de homicidio por imprudencia en concurso con otro de lesiones imprudentes. Le condena a un año y ocho meses de cárcel por el primero y cuatro meses por el segundo. Al no tener antecedentes, la pena de prisión podría suspenderse.
diariodeibiza
El condenado se saltó un ´stop´ y su coche chocó con la moto en que la chica iba de acompañante
El accidente ocurrió en el punto kilométrico 20,9 de la carretera de Sant Joan.
La titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Ibiza, Clara Ramírez, ha condenado a dos años de cárcel a un conductor por la muerte de una joven motorista contra la que chocó en la carretera de Sant Joan a Portinatx tras saltarse un stop. Asimismo, el acusado, R. P. R., tendrá que pagar 59.585 euros a los padres de la chica en concepto de indemnización.
En la sentencia, la magistrada subraya que el procesado cometió una imprudencia «grave» ya que no respetó la señal de detención obligatoria y ocasionó así una colisión que tuvo «fatales consecuencias». Pese a que R. P. R. aseguró en el juicio que sí se detuvo a mirar, la juez no da credibilidad a su testimonio en base a la declaración de dos testigos y de un agente de la Guardia Civil.
El accidente ocurrió poco después de la medianoche del 1 de agosto de 2005 en el kilómetro 20,9 de la carretera de Ibiza a Portinatx, a la altura del cruce con el desvío que va desde Sant Joan hasta la Cala de Sant Vicent.
La juez considera probado que el acusado, que viajaba junto a su esposa en un turismo Mercedes Benz, no prestó «el cuidado necesario exigible a cualquier conductor», se saltó un stop y se incorporó a una vía con preferencia por la que en ese momento circulaba una motocicleta, que tenía prioridad y llevaba la luz corta conectada.
Entonces, R. P. R. chocó contra el vehículo de dos ruedas, pese a que el conductor de este último trató de realizar una maniobra evasiva. Debido al impacto, el conductor de la motocicleta y su novia, que iba en la parte trasera, salieron despedidos. El joven sufrió varios traumatismos, fracturas, heridas y contusiones, mientras que la chica, Beatriz Yuste, de 22 años, falleció tras el golpe.
En el juicio, R. P. R., que dio negativo en la prueba de detección alcohólica, explicó que al llegar al citado punto kilométrico redujo la velocidad para rodear la isleta que regula el cruce, se paró en el stop, miró y al ver que ningún vehículo pasaba por la vía preferente, inició la marcha. «Y de repente vio un haz de luz y sintió un golpe» y se detuvo, recoge la sentencia, que añade que su mujer corroboró su versión y afirmó que ambos miraron al detenerse.
Pero la hermana y el cuñado de la fallecida, que viajaban detrás en otra motocicleta, aseguraron durante la vista oral, celebrada el pasado 23 de junio, que el acusado redujo la marcha para rodear la isleta, por lo que no viajaba a gran velocidad, pero que no se detuvo en el stop, sino que directamente se incorporó a la vía.
Ante esta disparidad de testimonios, la juez subraya que si el acusado «se hubiera detenido totalmente, como era su obligación» se habría dado cuenta de que por la vía preferente circulaba una moto, pues «era de noche, el vehículo llevaba las luces puestas y es un tramo recto, con visibilidad», indica, y cree que es «difícil comprender» que si pararon, no vieran la moto.
Aunque las acusaciones pública y popular pedían cuatro años de cárcel para el acusado, la juez valora el hecho de que se trata de «un delincuente primario», que está «sumamente arrepentido». Con esto, unido a la «finalidad rehabilitadora y de reinserción de las penas», opta por una condena no tan elevada.
Por contra, acuerda que se le retire el permiso de conducir por cuatro años, pues en este caso «ha de prevalecer más la finalidad preventiva de la pena que la rehabilitadora».
La juez considera al acusado autor de un delito de homicidio por imprudencia en concurso con otro de lesiones imprudentes. Le condena a un año y ocho meses de cárcel por el primero y cuatro meses por el segundo. Al no tener antecedentes, la pena de prisión podría suspenderse.
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